Tribunal de Disciplina no es una opción, necesario fortalecer Consejo de la Judicatura

Concluye en Veracruz el quinto foro de los diálogos nacionales sobre reformas constitucionales al Poder Judicial.

Redacción
Fecha
Durante el quinto foro de los diálogos nacionales sobre reformas constitucionales al Poder Judicial.
En este quinto foro se analizó la Reforma al Consejo de la Judicatura Federal: Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración.

Durante el quinto foro de los diálogos nacionales sobre reformas constitucionales al Poder Judicial, participantes coincidieron en que es necesario más diálogo y propuestas.  

La magistrada de Circuito Selina Avante Juárez, adscrita al Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Xalapa, señaló que se debe de dialogar y no perderse en descalificaciones porque es demasiado importante lo que se está trabajando. “La democracia, el pueblo y el servicio deben ser los objetivos.

“Con base en la experiencia jurídica y académica, es que vemos que esta reforma no es viable. No hay elementos para realizar una reforma en donde tengamos representantes populares en lugar de juzgadores calificados. Un Tribunal de Disciplina no es una opción, se necesita fortalecer al Consejo de la Judicatura Federal”, señaló.

El trabajo del Poder Judicial, agregó, no es ir a preguntarle al pueblo, sino defender sus derechos y eso es lo que hacemos todos los días.

Respecto a este tema, Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, consideró que el Poder Judicial no está otorgando justicia. 

“Nosotros lo que pedimos es justicia. No pedimos ni que sean chistosos ni populares, porque quienes estamos en el origen del voto popular no estamos por chistosos ni populares; en todo caso, estamos por nuestro compromiso con el pueblo, entrega, firmeza, combate a las injusticias y por impulsar el proceso de trasformación; nunca va a ser retroceso la democracia”.

Resaltó que la acción de que el pueblo decida a las personas juzgadoras se llama democracia.

“A quienes no les guste la democracia, están equivocados porque ese es el sistema que la humanidad ha desarrollado como el más adecuado y en donde todas y todos valemos lo mismo” dijo durante su participación.

               Piden revisar nombramientos y privilegiar formación

Manlio Fabio Casarín León, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y participante también en estos foros, refirió que el país necesita una transformación de su aparato de justicia y se debe diagnosticar y discutir de manera responsable, abierta, plural y transparente la construcción de una mejor reforma. 

El experto jurista planteó revisar nombramientos de ministros, magistrados y jueces a partir de amplios procesos de convocatoria, escrutinio público, deliberación y designación por parte de los poderes electos democráticamente. 

“Se debe privilegiar la formación técnica, la trayectoria profesional e idoneidad, ya que la legitimidad del Poder Judicial no puede tener su justificación en las urnas, sino única y exclusivamente en la calidad y consistencia de sus decisiones para cumplir y hacer cumplir los valores y principios consagrados en la ley fundamental”, afirmó.

En tanto, la magistrada María Emilia Molina de la Puente, consideró que, sin independencia judicial, la justicia se ve comprometida. 

“Los ciudadanos pierden la confianza en el sistema legal y la sociedad se perpetua como un espacio de violencia y discriminación. No me parece que una forma de solucionar algo sea destruirlo completamente”, dijo.

Consideró que el diálogo tendría que partir de nuevas propuestas para mejorar el sistema de justicia que incluya a todos los operadores del sistema de justicia.

“Hagamos un análisis serio y profundo de cada una de las actividades de todos los operadores del sistema de justicia y una vez que se haga, poner cuáles son obstáculos y las posibles soluciones”, señaló la magistrada.

Al clausurar este foro, el diputado morenista Leonel Godoy Rangel consideró necesario que la ciudadanía sea partícipe en el Poder Judicial, ya que actualmente los poderes del Estado, en su mayoría son electos; de ahí, la viabilidad de que ministros, magistrados y consejeros se integren a este modelo.