El Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI) celebró la aprobación de la reforma al Artículo 2 de la Constitución, que otorga personalidad jurídica y patrimonio propio a las comunidades indígenas y afromexicanas, al señalar que fue una lucha de años que al fin se ve consumada.

Yaneth Cruz Gómez, coordinadora del CNPI, señaló que esta reforma aprobada en la Cámara de Diputados con 492 votos a favor y ninguno en contra, permite que los pueblos originarios sean sujetos de derecho público y ejerzan una verdadera autonomía.

Destacó que con este paso histórico, se honra la memoria de varias generaciones que buscaron el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos.

“Hoy nos despojamos de ser considerados menores de edad, dejamos de ser tutelados, hoy ganamos una lucha en la que reivindicamos nuestra existencia en nuestro Estado mexicano, en el que se han reconocido nuestros derechos inalienables”, destacó.

Pese al aval unánime de la reforma en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la representante de pueblos originarios hizo un llamado a las y los integrantes del Senado de la República, a dejar de lado las diferencias partidistas y votar en favor del pleno reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y afroamericanas.

Justicia y reconocimiento integral

Durante las discusiones en la Cámara de Diputados, los legisladores subrayaron que la reforma representa un paso histórico hacia la justicia para las comunidades indígenas y afromexicanas.

El eje central de esta modificación constitucional que retoma el espíritu de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, radica en el reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La reforma también garantiza su capacidad para ejercer la libre determinación y consolidar sus propios sistemas normativos, formas de gobierno y organización, entre otros aspectos clave, como la protección del patrimonio cultural y biocultural, la conservación de sus tierras, y la consulta libre, previa e informada conforme al derecho internacional.

De igual manera, se reconocen derechos específicos para las comunidades afromexicanas, como su inclusión en censos y encuestas, y la protección de su identidad cultural y conocimientos ancestrales.