La jueza Quinto de Distrito, Martha Eugenia Magaña López, concedió una suspensión para evitar que la reforma al Poder Judicial se discuta en el Pleno de San Lázaro, en el contexto del inicio de la legislatura que iniciaría el primero de septiembre. 

No surta efectos para los quejosos, el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución federal. Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura”, determinó el órgano jurisdiccional.

La resolución otorgada por la jueza atiende la solicitud respecto a la vulnerabilidad a la que la reforma dejaría a los trabajadores de la carrera ministerial, pues no sería posible restituirlos en su empleo, cargo o comisión, y quedarían en estado de indefensión, e incapacitados de restituir el goce de sus derechos.

De negarse la suspensión, al momento de materializarse la reforma constitucional y cumplidos los plazos de la misma, los peticionarios quedarían en estado de indefensión si eventualmente fueran separados de sus cargos, además de que sería imposible restituirlos en el goce de sus derechos. Sobre esas bases, los efectos de la suspensión de oficio concedida”, indica el acuerdo emitido.

En teoría, esto quiere decir que los diputados no podrían discutir el dictamen por lo menos hasta el 4 de septiembre, cuando la jueza resolverá sobre la suspensión definitiva.