Trabajadores del Poder Judicial se manifiestan desde esta mañana y hasta esta tarde afuera de la Cámara de Diputados, donde exigen que la Comisión de Puntos Constitucionales abra una mesa de diálogo y detenga cualquier avance en el proceso de aprobación de la reforma judicial.

Al recinto ingresó una comisión encabezada por la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), quien entregó un oficio con sus demandas.

El documento señala que “se integró un Comité para la instalación inmediata de una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión” y enumera a sus propuestas de integrantes en representación de los juzgadores federales.

Además de Fuentes Velázquez, están en la Comisión la magistrada María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, y la magistrada Rosa Elena González Tirado, presidenta del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ).

Asimismo, la magistrada lliana Fabricia Contreras Perales, directora nacional de Organización en JUFED, el magistrado Hugo Alejandro Bermúdez Manrique, coordinador del Comité Ejecutivo de Independencia Judicial de JUFED.

El magistrado Miguel Bonilla López, miembro del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial y el magistrado Tarsicio Aguilera Troncoso, director nacional jurídico de JUFED.

“Lo anterior como personas juzgadoras federales, defensoras de los derechos humanos, para establecer una negociación formal al amparo de nuestro deber personal e institucional de defender la independencia judicial y el Estado de derecho”, señalaron.

Los manifestantes afirmaron que su objetivo es “que el Congreso detenga el actual proceso de reforma, abra una discusión pública, incluyente, transparente y renovada de la que derive un diagnóstico integral y objetivo del sistema de justicia en su totalidad”.

Aseguran que con ello se podrá “detectar las verdaderas causas de su ineficacia, de la impunidad, inseguridad y corrupción que le aqueje”, y que “a partir de ahí derive una propuesta de iniciativa de reforma que realmente resuelva esos problemas estructurales en la procuración y administración de justicia en el país”.