La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la reciente aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial en México, advirtiendo sobre los posibles impactos negativos en el derecho de acceso a la justicia, la independencia judicial y la vigencia del Estado de derecho.

A pesar de que la CIDH reconoce la necesidad de fortalecer el sistema judicial mexicano, cuestiona la rapidez con la que se aprobó la reforma, enviada por el Ejecutivo el 5 de febrero, aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y ratificada por el Senado el 11 de septiembre. 

Ello ocurre en el marco de un paquete de reformas constitucionales que actualmente se discuten en el Poder Legislativo de manera simultánea”, señaló el organismo internacional.

Entre las principales preocupaciones está el cese programado de jueces y magistrados entre 2025 y 2027, para ser reemplazados por funcionarios electos por voto popular. 

Ante esto, la CIDH señaló que este mecanismo podría comprometer el principio de meritocracia y aumentar la influencia del crimen organizado en zonas vulnerables del país. Además, criticó la falta de un diagnóstico sólido sobre los problemas reales de acceso a la justicia.

La Comisión también alertó sobre la inclusión de "jueces sin rostro", figura contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la posible falta de independencia en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, lo que comprometería el debido proceso de los juzgadores.

Si bien el Estado informó sobre una serie de diálogos nacionales para garantizar la participación ciudadana en la reforma que ocurrieron entre el 21 de febrero y el 18 de abril de 2024, la CIDH observa que la celeridad en su tramitación está impidiendo considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, tal como lo demuestran las manifestaciones de las últimas semanas”, señaló la CIDH.

La CIDH hizo un llamado al gobierno mexicano para que cualquier reforma al sistema judicial respete los estándares internacionales de independencia judicial y garantice un acceso equitativo a la justicia para toda la población. Instó a establecer instancias de diálogo inclusivas que permitan la participación de todos los sectores afectados por las reformas.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene como misión la defensa de los derechos humanos en la región y seguirá monitoreando de cerca la situación en México.