Con 34 votos a favor y dos en contra, diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron la iniciativa presidencial que prohíbe y sanciona la producción, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos y vapeadores.

En sesión celebrada este jueves, los diputados avalaron la reforma a los artículos 4° y 5° como parte de las iniciativas de reforma a la Constitución propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Como primera oradora en la sesión, la diputada Cinthya López Castro, del Grupo parlamentario del PRI, se pronunció a favor en lo general, aunque cuestionó la propuesta de incluir la prohibición en la Constitución.

Advirtió que se tiene que regular el tema de los vapeadores, porque si no lo único que se hace es abrirle la puerta al mercado negro, sin embargo, consideró que es desatinado ponerlo en la Constitución, pues no considera que sea para eso, ya que entonces se tendrían que prohibir el tabaco, alcohol o las drogas, es decir, porque no se prohíben otras sustancias que también resultan dañinas, principalmente para los jóvenes. 

Me parece que es una aberración total que se pongan este tipo de cuestiones en la Constitución, prohibir los vapeadores en la Constitución no es técnica legislativa, es de reglamento".   

"Se tiene que regular, esperamos que se haga una ley reglamentaria respecto a este tema, no se puede quedar así, primero porque la gente no lo va a cumplir, va a seguir fumando vapeadores, pero tampoco creo que se debamos tener una ciudad prohibitiva donde solamente digamos que no”, advirtió.

Durante su participación, la diputada Adriana Bustamante, del grupo parlamentario de Morena dijo que durante anteriores administraciones se permitieron regulaciones laxas que facilitaron la venta y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos sin ningún control.

La industria de los vapeadores y cigarros electrónicos genera a las empresas que los producen y comercializan alrededor de 5 mil millones de pesos anuales y han estado protegidas en México, incluso, por el Poder Judicial”, señaló. 

Refirió, incluso, que fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar el decreto del presidente que prohibía los vapeadores y cigarros electrónicos, publicado en 2023, fue la motivación para llevar a la Carta Magna la prohibición de estos productos.

Por su parte, Braulio López Ochoa, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se manifestó en contra del dictamen, al considerar que no es respuesta correcta estatal a cualquier problema de salud pública el prohibicionismo, pues no soluciona el problema. 

“En el caso de los vapeadores creemos que es evidente que el tabaco hace daño, está más que comprobado, pero el prohibicionismo lleva a un mercado negro, lleva a que la gente tenga menos información y que haya un control de ese mercado por agentes que recurren a actividades ilegales” refirió.    

 ¿Qué plantea la iniciativa de reforma?

La reforma al artículo 4 constitucional propuesta por el presidente López Obrador establece que:

“Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.