De los 125 municipios que conforman el Estado de México, únicamente 25 están en capacidad de implementar la Ley de Justicia Cívica, una normativa que debería estar vigente en todas las demarcaciones desde mayo de este año, según lo reportado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

La presidenta de la Codhem, Myrna García Morón, señaló que tras realizar un diagnóstico, se detectó que la mayoría de los municipios no cumple con los requisitos necesarios para la correcta aplicación de la ley, los cuales incluyen contar con un equipo mínimo de seis personas en los juzgados cívicos: un juez, un secretario, un facilitador, un psicólogo y un médico.

Además, los municipios deben asegurar que disponen de la infraestructura adecuada, tales como espacios para la realización de audiencias orales, así como condiciones apropiadas en las áreas de detención, garantizando la alimentación, hidratación y comunicación de las personas detenidas por violaciones menores a la normativa local.

García Morón subrayó que la Ley de Justicia Cívica busca priorizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación y el trabajo comunitario, dejando el arresto como último recurso.

"Actualmente la ley lo que prevé es que se privilegien los medios alternos, es decir, la mediación, que haya incluso un trabajo comunitario y que la última ratio, la última cosa a la que decidan como una determinación de imposición de una sanción los municipios, es decir, los jueces calificadores sean los arrestos en el máximo de las 36 horas que se prevé", comentó.

Entre los municipios que han logrado cumplir con las condiciones requeridas para aplicar la ley se encuentran Tecámac, como el que presenta mejores resultados, así como Chapultepec, San Mateo Atenco, Teoloyucan, Toluca, Xonacatlán, Acolman, San Antonio La Isla, Tultitlán, Tejupilco, Lerma, Atizapán de Zaragoza, Otumba, Aculco, Chiautla, Acambay, Papalotla, Texcoco, Tlalnepantla, Huixquilucan, Xalatlaco, Almoloya del Río, Ecatzingo, Temoaya y Villa del Carbón.

A pesar de que la ley es de carácter obligatorio, no se han contemplado sanciones para aquellos municipios que no han cumplido con su implementación.

La Codhem tiene previsto hacer recomendaciones que permitan subsanar las deficiencias, además de hacer un llamado a las nuevas administraciones municipales para que prioricen su aplicación, con el fin de mejorar la convivencia social y fortalecer el respeto a los derechos humanos.