La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea un cambio radical en la constitución de los órganos jurisdiccionales del país, sin embargo, aún tiene varios pendientes. 

Para la ministra Lenia Batres Guadarrama, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la reforma que actualmente se plantea es en materia judicial y toca solo al Poder Judicial y su estructura actual.

En entrevista para Mexiquense Digital admitió que si bien es una reforma que hace un cambio profundo en el Poder Judicial, es una reforma pequeña, ya que solo se enfoca en lo jurídico y en la administración de justicia en el país y no es penal, como lo fue la reforma del 2008, donde se introdujo el Sistema Penal Acusatorio. 

Es la primera reforma al poder judicial en dos siglos. (sic) Desde que se constituyó el México independiente se está, por primera vez, cuestionando su base de legitimidad”, señaló la ministra Batres Guadarrama. 

No obstante, agregó, se necesita dar facultades a las policías para tomar declaraciones y levantar informes, además de revisar la forma en que los Ministerios Públicos manejan las investigaciones. 

Es importante orgánicamente hacer la revisión del funcionamiento de los ministerios públicos, pero más importante aún es revisar los procesos que se ejercen desde la investigación penal.

“Tenemos muchos países que lo hacen de manera muy diversa, pero hay países, por ejemplo, que cercan la escena del crimen y le dan facultades a sus policías preventivos para que tomen la primera declaración del que esté ahí”, explicó. 

Otro asunto que no aborda la reforma judicial son las Defensorías Públicas, que se encuentran relegadas y olvidadas, por lo que Lenia Batres propone que se junten con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras instituciones y apoyen de manera integral a la ciudadanía para garantizar sus derechos y libertades, que es algo que acusa, la Corte hace poco o “el mínimo” para atender esos asuntos.

A “democratizar” el Poder Judicial

Una parte fundamental de la reforma al Poder Judicial es la elección de jueces, magistrados y los ministros de la Corte, sin embargo, uno de los temores que surgen al señalar que deben ser electas mediante voto popular, es la incursión del crimen organizado en la elección de jueces, magistrados e incluso ministros, también de grupos empresariales.

Para la ministra Lenia Batres este asunto será difícil que ocurra, ya que señala que las campañas que se lleguen a hacer en las eventuales elecciones judiciales serán sin dinero ni partidos políticos. 

Las campañas que se plantean son unas campañas que no requieren dinero y eso es muy importante que se aclare, porque justamente no son campañas partidistas, no se va a permitir”, aclaró la ministra.

Fiscalías entre los pendientes de la reforma 

La reforma propuesta por el presidente el pasado 5 de febrero pone como eje principal la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como dividir el Consejo de la Judicatura Federal en dos, uno siendo el “Tribunal de Disciplina Judicial” y el otro es un órgano administrativo.

Sin embargo, algo que se deja afuera de dicha reforma es el fortalecimiento de las Fiscalías, tanto la federal como las estatales, las Procuradurías y las defensorías públicas del país.

Para el abogado Luis Eliud Tapia, los problemas del poder judicial no alcanzan una solución con la elección de personas juzgadoras como se plantea en la reforma judicial.

Reiteró que esta reforma no atiende a las defensorías públicas, no ve el asunto de la disponibilidad geográfica de jurados y tampoco voltea a ver a las fiscalías. 

El jurista considera que la ley propuesta por el ejecutivo el pasado 5 de febrero no va a pasar tal cual la mandó, ya que antes sí se han llegado a modificar algunas leyes y existe la posibilidad que pase lo mismo en esta ocasión.

El control lo tendrán los poderes, no el pueblo

Luis Eliud Tapia comentó que en cuestión de la elección de personas juzgadoras mediante el voto popular, son los tres poderes de la Unión los que tendrían mayor peso en elegir qué personaje será electo para un puesto de juez, magistrado o ministro y no tanto el pueblo.
En la propuesta, el poder ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas, mientras que el Poder Legislativo 5 y el judicial 10.

Por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte, el Poder Ejecutivo va a poder nombrar a dos personas candidatas, el legislativo dos y el poder judicial dos, entonces de inicio van a ser los poderes que están constituidos actualmente quienes van a decidir a quién elegiríamos eventualmente”, acusó.

El abogado advirtió que con este control político se genera el riesgo de politizar la justicia y que aunque actualmente haya acusaciones de politización del Poder Judicial, esta reforma buscará aumentar eso.