Un juez del Estado de México impuso prisión preventiva justificada para el presidente municipal con licencia de Tianguistenco, Diego Eric “N”, por su probable responsabilidad en el delito de violación, con la agravante de haberlo cometido mientras se desempeñaba como servidor público.

Durante la audiencia realizada este 25 de junio para cumplimentar una orden de aprehensión por reclusión, el juez de Distrito de Tenango del Valle, decretó la detención judicial de Diego Eric “N” y determinó la duplicidad del plazo para resolver su situación jurídica, por lo que la audiencia continuará el próximo 29 de junio a las 11:00 horas.

El hecho por el que se le acusa, ocurrió el 28 de agosto de 2023, cuando de acuerdo, Ingrid “N”, víctima y extrabajadora del ayuntamiento de Tianguistenco, el presidente municipal con licencia la llamó a su oficina y tras cerrar la puerta con seguro, habría cometido la violación.

Es el segundo proceso contra el edil

El pasado 23 de mayo elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvieron a Diego Eric “N”, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de un servidor público del ayuntamiento de Tianguistenco.

De acuerdo con las investigaciones realizadas sobre este caso, entre diciembre de 2023 y marzo de este año, el alcalde con licencia habría exigido a la víctima, mantener a su esposa como directora del DIF municipal y a Nemorio Melchor “N” como director de obras, además de pagar cinco millones de pesos a cambio de no causarle daños a él o a su familia.

Por este delito, también fue detenida María Luisa “N” identificada como hermana del alcalde acusado, pues se presume que habría participado en la comisión del delito de extorsión.

Se resguardó durante 7 meses

Desde el 13 de noviembre de 2023, Diego Eric “N”, ha solicitado vía remota, licencias temporales para ausentarse del cargo de presidente municipal.

Fue considerado prófugo hasta el 15 de mayo de 2024, cuando obtuvo un amparo indirecto con el que le fue concedida la suspensión definitiva en contra de la ejecución del mandamiento judicial de una orden de aprehensión por el delito de violación.